Alumnos reclaman por la vuelta al aula de docente acusado de abusos

POSADAS. La organización estudiantil Bandera Roja de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM convocó a una asamblea que tuvo lugar en la sede ubicada sobre calle Tucumán de esta capital. La preocupación de los jóvenes giró en torno a dos temas centrales y sobre los que se decidió tomar medidas concretas: la situación edilicia de la casa de estudios y la vuelta al aula de los docentes acusados de violencia y acoso.

En cuanto a lo primero, Ezequiel Ferreira, estudiante del Profesorado de Historia y militante de la agrupación, esto explicó: “Por el crecimiento de la matrícula de ingresantes las aulas se vieron desbordadas, pero no es algo novedoso sino que hace varios años que se repite, los alumnos no entran todos en las aulas  y algunos escuchan las clases desde los pasillos o sentados en el piso.
Este año por disposición del Consejo Directivo se resolvió alquilar espacios fuera de la facultad, como el caso de la Biblioteca del Palomar, para que funcione como aula. Nosotros consideramos que esta solución es apenas un parche y que acarrea más problemas de los que ya tienen los estudiantes, como por ejemplo, la movilidad de aula a aula. Creemos que se tiene que encarar la posibilidad de un nuevo edificio en lugar de alquilar locales, para que las clases se puedan dar en aulas como corresponde”, detalló.
La asamblea decidió una comisión de estudiantes organizados de manera independiente para avanzar en una lectura de la problemática edilicia y así proponer una solución integral al problema.
“Nosotros creemos que el problema central es que el edificio ya no da abasto, además, hay que discutir el problema de la designación de cargos y los horarios de cursada”, dijo Ferreira.

En cuanto al otro tema que ocupó la segunda parte del debate estudiantil, la mirada estuvo puesta en la vuelta al aula de los docentes acusados de hechos que le ameritaron un juicio académico.
“José Luis Monte y a Gustavo Irala son docentes de la carrera de Comunicación Social, que en el año 2016 encerraron a los alumnos bajo llave. Luego de esta primera denuncia surgieron otras que involucran situaciones que van más allá del aula, como el acoso y la discriminación. Ahora, luego de que cumplieran con su condena de un mes de suspensión, volvieron a las aulas y se encuentran con sus victimarios en la facultad y eso no puede ocurrir”, dijo el delegado de los estudiantes.
Además, Ferreira atacó la política institucional de la facultad: “Esta es una muestra de cómo la política universitaria resuelve los problemas, los estudiantes rechazaron la propuesta de que estas personas vuelvan a dar clases, sin embargo, el Consejo Superior ha utilizado esa herramienta que tiene, que es la posibilidad de tomar decisiones de forma antidemocrática a través de un órgano minoritario, privilegiando intereses políticos por encima de los intereses de los estudiantes, porque los docentes acusados forman parte del mismo sector político del Consejo Directivo, de la Universidad y del Sindicato”, indicó.
En este segundo punto, los estudiantes resolvieron conformar una comisión para la difusión del problema y buscar los mecanismos para evitar que los docentes sigan frente al aula.