Los vecinos explicaron al responsable del operativo que están incluídos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), y cuentan con los certificados que entrega la Nación a través de la Anses ya que mediante un Decreto, el Gobierno Nacional dispuso la creación de un Registro Nacional de Barrios Populares, con el objetivo de censar los bienes inmuebles, construcciones, y datos de las personas que viven en ellos.
Ante la negativa y el desconocimiento del jefe del operativo policial de esta herramienta nacional, algunos vecinos se comunicaron con el diputado Martín Sereno (del Partido Agrario y Social), y militantes del Movimiento Evita que son quienes hicieron el relevamiento en ese barrio.
El legislador provincial con parte de su equipo de trabajo Nicolás Acosta y Celeste García, y militantes de los movimientos populares, llegaron hasta el lugar y se encontraron con una violencia institucional desmedida, en la que la policía no entendía razones e insistía con el desalojo compulsivo, ante el llanto de los chicos y los gritos de las mujeres a quienes empujaron, sin importarles que había personas discapacitadas y ancianos.
"Nos atacaron violentamente de manera innecesaria"
"Cuando nos avisaron que había más de cien efectivos policiales en un barrio de Garupá, que sabíamos que tenían certificados de viviendas populares, fuimos hasta allá pensando, que como suele pasar, la policía y el juez que emitió la orden de desalojo, desconocían que las familias estaban amparadas por el RENABAP.
Se lo planteamos al oficial a cargo y al comisario Soto, les explicamos que había un certificado de vivienda emitido por un organismo nacional como es Anses en el marco del Decreto 358 y del Proyecto de Ley presentado y que consigna que "en base al censo que realizaron organizaciones sociales durante el 2016 y 2017 de asentamientos en todo el país, el Gobierno Nacional envió al Congreso un Proyecto para Urbanizar Villas y otorgar certificados de viviendas, que convertirán a los moradores en propietarios de sus hogares". Esta iniciativa es la misma presentada por las organizaciones sociales, luego del trabajo de relevamiento que realizaron en todo el país", destacó el legislador Sereno.
Agregó que el comisario no escuchó, aún cuando "le insistimos que trate de comunicarse con el juez de Instrucción Nº 1, Marcelo Cardozo,para notificarlo de esto porque indudablemente lo desconocía. No le dio importancia al pedido, y en determinado momento deciden avanzar contra las viviendas, nos pusimos adelante para intentar proteger a las mujeres y evitar que el personal policial desarmara y rompiera las casitas, y fue ahí cuando nos atacaron violentamente, tanto a mí que estoy lastimado en una pierna, como a otros compañeros como Nico Acosta y Maxi Rodríguez y a algunos vecinos. Nos agarraron del cuello para sacarnos del lugar con una violencia injustificada por parte de la policía. Esto duró algunos minutos hasta que pudimos zafamos, y logramos comunicarnos con responsables del RENABAP y finalmente lograr una prórroga al desalojo por 48 horas, para presentar la documentación que evidentemente el juez Cardozo desconoce", detalló.
Instancia de diálogo
Junto con el Ministerio de Derechos Humanos, el Bloque de Diputados del PAyS tratará de abrir una instancia de mesa de diálogo para solucionar este problema de vivienda y de hábitat, "porque no pueden tirar a la calle a niños, niñas, discapacitados, madres, ancianos, y menos desarmar, romper sus viviendas y tirar maderas, chapas, sus muebles, todo a la calle como si no les importara el esfuerzo que hacen esas familias para sobrevivir".
Por un lado se logró postergar el desalojo, que Sereno planteó desde un principio, antes de que la policía decidiera ejercer una violencia institucional desproporcionada e injustificada. "Ahora con la ministra de Derechos Humanos y los abogados vamos a recabar toda la documentación necesaria, para que la decisión del juez sea basada en el conocimiento de lo que pasa con la protección que tienen esas familias".
Todas las organizaciones sociales de la provincia repudiaron enfáticamente al accionar violento de los policías de Misiones, en la que incluso golpearon a un legislador provincial, desconociendo sus fueros.
Prórroga de 48 horas
Después de la violencia institucional inusitada, se logró un acuerdo por 48 horas, y gran parte de la policía se retiró del barrio. Los vecinos manifestaron que un día antes de este intento de desalojo, estuvo nuevamente en el barrio, la directora de Tierras del Municipio de Garupá, Herminia Melgarejo -ya lo había hecho hace un mes- amedrentando a los vecinos. "Es decir, esta funcionaria continúa con su accionar de amenazas y despojo a las familias vulnerables, no es la primera vez que lo hace, ya tiene varias denuncias al respecto, y esperamos que esta vez, el intendente renovador, Raúl Ripoll tome alguna decisión al respecto a esta directora que hace uso y abuso de su poder, mientras la siguen sosteniendo en su cargo", enfatizó.
Repudios y solidaridad
Ante el desalojo violento que sufrieron más de 20 familias del barrio Horacio Quiroga de Garupá, las organizaciones sociales y políticas manifestaron su profundo rechazo y repudio al accionar de la Policía de la Provincia de Misiones. "Nos solidarizamos y ponemos a disposición de las personas que están padeciendo esta terrible situación".
La Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha, con todas las organizaciones y el gremio de ATE que la integran, también expresó su repudio hacia el accionar policial en contra de las familias en situación de pobreza, y del secretario político de la CTEP y el Movimiento Evita Misiones, diputado Martín Sereno, del dirigente del Movimiento Territorial de Liberación, secretario de Organización de la FEDE, Nicolás Acosta, ambos integrantes de esta Coordinadora, y del militante de la JP Evita, Maximiliano Rodríguez,
"Es increíble que en democracia, con instituciones funcionando que atienden la problemática de acceso al hábitat, la fuerza policial impere con semejante violencia hacia las familias vulnerables, con niños, niñas, personas con discapacidad, con ancianos y ancianas y mujeres embarazadas. La política no puede ser indiferente a esta situación, la problemática de la tierra debe ser solucionada, ser prioridad en la agenda del Gobierno, los jueces no pueden desconocer las leyes y provocar sufrimiento y desprotección hacia las familias en situación de vulnerabilidad. No se pueden priorizar los negocios inmobiliarios, por encima del derecho a la vivienda que es un derecho humano", expresaron todas las expresiones populares destacando la solidaridad con las familias a las que intentaron desalojar violentamente.
Prensa PAyS
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