Violento intento de desalojo a familias registradas en el Renabap

GARUPÁ. Este jueves personal de la policía de la provincia de Misiones, irrumpió en el barrio Horacio Quiroga de Garupá con la intención de desalojar a más de 20 familias que viven en el lugar, por iniciativa de la Municipalidad de Garupá  y supuestos propietarios de las tierras.
Los vecinos explicaron al responsable del operativo que están incluídos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), y cuentan con los certificados que entrega la Nación a través de la Anses ya que mediante un Decreto, el Gobierno Nacional dispuso la creación de un Registro Nacional de Barrios Populares, con el objetivo de censar los bienes inmuebles, construcciones, y datos de las personas que viven en ellos.

Ante la negativa y el desconocimiento del jefe del operativo policial de esta herramienta nacional, algunos vecinos se comunicaron con el diputado Martín Sereno (del Partido Agrario y Social), y militantes del Movimiento Evita que son quienes hicieron el relevamiento en ese barrio.
El legislador provincial con parte de su equipo de trabajo Nicolás Acosta y Celeste García, y militantes de los movimientos populares, llegaron hasta el lugar y se encontraron con una violencia institucional desmedida, en la que la policía no entendía razones e insistía con el desalojo compulsivo, ante el llanto de los chicos y los gritos de las mujeres a quienes empujaron, sin importarles que había personas discapacitadas y ancianos.

"Nos atacaron violentamente de manera innecesaria"
"Cuando nos avisaron que había más de cien efectivos policiales en un barrio de Garupá, que sabíamos que tenían certificados de viviendas populares, fuimos hasta allá pensando, que como suele pasar, la policía y el juez que emitió la orden de desalojo, desconocían que las familias estaban amparadas por el RENABAP.

Se lo planteamos al oficial a cargo y al comisario Soto, les explicamos que había un certificado de vivienda emitido por un organismo nacional como es Anses en el marco del Decreto 358 y del Proyecto de Ley presentado y que consigna que "en base al censo que realizaron organizaciones sociales durante el 2016 y 2017 de asentamientos en todo el país, el Gobierno Nacional envió al Congreso un Proyecto para Urbanizar Villas y otorgar certificados de viviendas, que convertirán a los moradores en propietarios de sus hogares". Esta iniciativa es la misma  presentada por las organizaciones sociales, luego del trabajo de relevamiento que realizaron en todo el país", destacó el legislador Sereno.
Agregó que el comisario no escuchó, aún cuando "le insistimos que trate de comunicarse con el juez de Instrucción Nº 1, Marcelo Cardozo,para notificarlo de esto porque indudablemente lo desconocía. No le dio importancia al pedido, y en determinado momento deciden avanzar contra las viviendas, nos pusimos adelante para intentar proteger a las mujeres y evitar que el personal policial desarmara y rompiera las casitas, y fue ahí cuando nos atacaron violentamente, tanto a mí que estoy lastimado en una pierna, como a otros compañeros como Nico Acosta y Maxi Rodríguez y a algunos vecinos. Nos agarraron del cuello para sacarnos del lugar con una violencia injustificada por parte de la policía. Esto duró algunos minutos hasta que pudimos zafamos, y logramos comunicarnos con responsables del RENABAP y finalmente lograr una prórroga al desalojo por 48 horas, para presentar la documentación que evidentemente el juez Cardozo desconoce", detalló.

Instancia de diálogo
Junto con el Ministerio de Derechos Humanos, el Bloque de Diputados del PAyS tratará de abrir una instancia de mesa de diálogo para solucionar este problema de vivienda y de hábitat, "porque no pueden tirar a la calle a niños, niñas, discapacitados, madres, ancianos, y menos desarmar, romper sus viviendas y tirar maderas, chapas, sus muebles, todo a la calle como si no les importara el esfuerzo que hacen esas familias para sobrevivir".

Por un lado se logró postergar el desalojo, que Sereno planteó desde un principio, antes de que la policía decidiera ejercer una violencia institucional desproporcionada e injustificada. "Ahora con la ministra de Derechos Humanos y los abogados vamos a recabar toda la documentación necesaria, para que la decisión del juez sea basada en el conocimiento de lo que pasa con la protección que tienen esas familias".
Todas las organizaciones sociales de la provincia repudiaron enfáticamente al accionar violento de los policías de Misiones, en la que incluso golpearon a un legislador provincial, desconociendo sus fueros.

Prórroga de 48 horas
Después de la violencia institucional inusitada, se logró un acuerdo por 48 horas, y gran parte de la policía se retiró del barrio. Los vecinos manifestaron que un día antes de este intento de desalojo, estuvo nuevamente en el barrio, la directora de Tierras del Municipio de Garupá, Herminia Melgarejo -ya lo había hecho hace un mes- amedrentando a los vecinos. "Es decir, esta funcionaria continúa con su accionar de amenazas y despojo a las familias vulnerables, no es la primera vez que lo hace, ya tiene varias denuncias al respecto, y esperamos que esta vez, el intendente renovador, Raúl Ripoll tome alguna decisión al respecto a esta directora que hace uso y abuso de su poder, mientras la siguen sosteniendo en su cargo", enfatizó.

Repudios y solidaridad
Ante el desalojo violento que sufrieron más de 20 familias del barrio Horacio Quiroga de Garupá, las organizaciones sociales y políticas manifestaron su profundo rechazo y repudio al accionar de la Policía de la Provincia de Misiones. "Nos solidarizamos y ponemos a disposición de las personas que están padeciendo esta terrible situación".

La Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha, con todas las organizaciones y el gremio de ATE que la integran, también expresó su repudio hacia el accionar policial en contra de las familias en situación de pobreza, y del secretario político de la CTEP y el Movimiento Evita Misiones, diputado Martín Sereno, del dirigente del Movimiento Territorial de Liberación, secretario de Organización de la FEDE, Nicolás Acosta, ambos integrantes de esta Coordinadora, y del militante de la JP Evita, Maximiliano Rodríguez,
"Es increíble que en democracia, con instituciones funcionando que atienden la problemática de acceso al hábitat, la fuerza policial impere con semejante violencia hacia las familias vulnerables, con niños, niñas, personas con discapacidad, con ancianos y ancianas y mujeres embarazadas. La política no puede ser indiferente a esta situación, la problemática de la tierra debe ser solucionada, ser prioridad en la agenda del Gobierno, los jueces no pueden desconocer las leyes y provocar sufrimiento y desprotección hacia las familias en situación de vulnerabilidad. No se pueden priorizar los negocios inmobiliarios, por encima del derecho a la vivienda que es un derecho humano", expresaron todas las expresiones populares destacando la solidaridad con las familias a las que intentaron desalojar violentamente.

Prensa PAyS

Se realizó una asamblea popular con autoridades por el Acoso Callejero

PUERTO RICO. Luego de que varias mujeres de esta localidad fueran víctima de acoso callejero e hicieran la denuncia en las redes sociales, el Concejo Deliberante convocó a un debate con el ojo puesto en este problema. Participaron además de todos los concejales, miembros de Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Policía, vecinos en general y algunas víctimas.
Si bien la modalidad del evento fue de asamblea abierta, uno de los objetivos principales fue que las autoridades competentes brinden información sobre las herramientas con las que cuentan para actuar en este tipo de casos.

“Este es un evento para aplaudir, es la primera vez que nos convocan a un evento de este tipo. Es muy interesante ver toda la gente que se sumó al debate sobre una problemática que ya se viene hablando desde hace tiempo en otros lugares y en este campo en Puerto Rico venimos atrasados. Nosotros los jueces quizás no podemos expresarnos como quisiéramos porque tal vez podemos pre juzgar y emitir opinión puede ser arriesgado, de ahí que tenemos que ser prudentes, pero es una problemática que tenemos que abordar entre todos”, expresó el Juez Correccional y de Menores de la Cuarta Circunscripción Judicial, Rubén Lunge.
Hace unos días, una joven publicó en su red social de Facebook que un hombre mayor de edad le atravesó el auto en una esquila y se ofreció con insistencia en llevarla. La joven de 24 años hizo la advertencia para que las familias tengan cuidado de sus hijas menores a la hora de ir a la escuela y dio las características del vehículo.

Autoridades judiciales y policiales.

Inmediatamente muchas otras mujeres empezaron a contar sus experiencias con el mismo sujeto, publicando los datos del mismo, desde foto, cuenta de Facebook, número de chapa patente, marca del vehículo, lugar de residencia y oficio. En pocas horas, más de 50 mujeres de distintas edades y barrios habían expresado que tuvieron experiencias de la misma naturaleza y con el mismo sujeto. De todas las que se expresaron en Facebook, cuatro realizaron la denuncia en la comisaría de la Mujer, y otras tres una exposición.
 Luego de la reunión convocada en el Concejo Deliberante, PRIMERA EDICIÓN habló con una de las víctimas que se animó no solamente a denunciar públicamente a su acosador, sino que también radicó la denuncia en la policía: “Me siento emocionada al ver la cantidad de chicas más jóvenes, menores, que vinieron a participar y a contar sus experiencias con los acosadores, pero también tengo un poco de bronca, principalmente con la policía pero también con otros sectores sociales porque mucha gente te cuestiona, por qué no hiciste la denuncia antes, por qué saliste a caminar sola a esa hora, por qué esto, por qué aquello, y la verdad es que no nos sentimos seguras para nada, no nos sentimos cuidadas ni sentimos que denunciar sirva para algo porque en realidad parece que quedamos aún más expuestas y dudo realmente que haya soluciones a los que vivimos la mujeres en la calle”, expresó.
Sobre las experiencias vividas y expresadas por las mujeres, una de las más recurrentes es que no le quieren tomar la denuncia en la policía cuando van por el caso de acoso. “Cuando vas a denunciar que un tipo en la calle te tocó no te quieren tomar la denuncia porque no tenés ninguna marca, ningún moretón, es como que tenés que llegar a la comisaría sangrando para que signifique algo importante. Además, las mismas policías te hacen sentir que les estás haciendo perder el tiempo, te hacen sentir que les estás molestando cuando vas con un caso de acoso o abuso, por eso es tan difícil que las chica denuncien”, contó.
La convocatoria se desarrolló en un clima de suma tensión, con muchos testimonios de chicas jóvenes víctima del acoso callejero, quienes entre lágrimas contaron lo que viven a diario cuando salen a la calle. “Todo el día andamos con miedo, escuchando groserías, con desconocidos que paran sus autos al lado para querer llevarnos, nos tocan en la calle, en el colectivo, pero no tenemos a quién pedir ayuda, no nos sentimos protegidas en ningún lugar”, expresó una joven.

El jefe de la Unidad Regional Cuarta de Policía, Carlos Merlo, se expresó conforme con la idea de la convocatoria y asegura que este tipo de eventos sirven para que estas cosas no sigan ocurriendo: “Este tipo de acontecimientos son muy útiles y ojalá que haga un aporte para que salga la Ley que se discute en este momento en el congreso sobre el acoso callejero. Por lo que contaron las víctimas, estos son hechos que suceden a diario, pero no es tan común que se haga una denuncia, por eso es que estamos ante algo que es nuevo para la policía y estamos viendo las opciones legales que tenemos para poder encaminar estas denuncias”, expresó.
El concejal Marcelo Raimondi, dijo que es la primera vez que todas las autoridades se juntan para hablar de este tema: “Esto es sumamente positivo porque nunca estuvieron juntos todos los jueces, toda la cúpula policial y los poderes Legislativo y Ejecutivo, y espero que sirva para tomar medidas de prevención para que esto no vuelva a pasar. Tal vez una de las medidas que podemos iniciar es trabajar con talleres de concientización. Esperamos contar con el acompañamiento de toda la sociedad, este no es un tema menos, hay que tomarlo con toda la seriedad que corresponde porque entre el acoso y la muerte no hay mucha distancia, no hay que dejar pasar esto que está ocurriendo ni hay que dejar solas a estas chicas”, dijo.
Por lo expresado por los jueces presentes y según la legislación con la que se cuenta actualmente, los casos denunciados no encuadrarían dentro de un delito penal, pero sí podrían encuadrar en una contravención, teniendo en cuenta el Art. 57 de Código de Faltas de la Provincia de Misiones, donde dice que “se penará con multa a quien en lugar público molestare de hecho o de palabra a otra persona. Si el hecho se realzare con intenciones deshonestas la pena será de arresto de cinco a veinte días”.

Foto y Nota, Sergio López para PRIMERA EDICIÓN

Alumnos reclaman por la vuelta al aula de docente acusado de abusos

POSADAS. La organización estudiantil Bandera Roja de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM convocó a una asamblea que tuvo lugar en la sede ubicada sobre calle Tucumán de esta capital. La preocupación de los jóvenes giró en torno a dos temas centrales y sobre los que se decidió tomar medidas concretas: la situación edilicia de la casa de estudios y la vuelta al aula de los docentes acusados de violencia y acoso.

En cuanto a lo primero, Ezequiel Ferreira, estudiante del Profesorado de Historia y militante de la agrupación, esto explicó: “Por el crecimiento de la matrícula de ingresantes las aulas se vieron desbordadas, pero no es algo novedoso sino que hace varios años que se repite, los alumnos no entran todos en las aulas  y algunos escuchan las clases desde los pasillos o sentados en el piso.
Este año por disposición del Consejo Directivo se resolvió alquilar espacios fuera de la facultad, como el caso de la Biblioteca del Palomar, para que funcione como aula. Nosotros consideramos que esta solución es apenas un parche y que acarrea más problemas de los que ya tienen los estudiantes, como por ejemplo, la movilidad de aula a aula. Creemos que se tiene que encarar la posibilidad de un nuevo edificio en lugar de alquilar locales, para que las clases se puedan dar en aulas como corresponde”, detalló.
La asamblea decidió una comisión de estudiantes organizados de manera independiente para avanzar en una lectura de la problemática edilicia y así proponer una solución integral al problema.
“Nosotros creemos que el problema central es que el edificio ya no da abasto, además, hay que discutir el problema de la designación de cargos y los horarios de cursada”, dijo Ferreira.

En cuanto al otro tema que ocupó la segunda parte del debate estudiantil, la mirada estuvo puesta en la vuelta al aula de los docentes acusados de hechos que le ameritaron un juicio académico.
“José Luis Monte y a Gustavo Irala son docentes de la carrera de Comunicación Social, que en el año 2016 encerraron a los alumnos bajo llave. Luego de esta primera denuncia surgieron otras que involucran situaciones que van más allá del aula, como el acoso y la discriminación. Ahora, luego de que cumplieran con su condena de un mes de suspensión, volvieron a las aulas y se encuentran con sus victimarios en la facultad y eso no puede ocurrir”, dijo el delegado de los estudiantes.
Además, Ferreira atacó la política institucional de la facultad: “Esta es una muestra de cómo la política universitaria resuelve los problemas, los estudiantes rechazaron la propuesta de que estas personas vuelvan a dar clases, sin embargo, el Consejo Superior ha utilizado esa herramienta que tiene, que es la posibilidad de tomar decisiones de forma antidemocrática a través de un órgano minoritario, privilegiando intereses políticos por encima de los intereses de los estudiantes, porque los docentes acusados forman parte del mismo sector político del Consejo Directivo, de la Universidad y del Sindicato”, indicó.
En este segundo punto, los estudiantes resolvieron conformar una comisión para la difusión del problema y buscar los mecanismos para evitar que los docentes sigan frente al aula.

Denunció en Facebook a un acosador callejero y en pocas horas aparecieron 25 mujeres más

PUERTO RICO. Una joven de esta localidad decidió publicar en su red social una experiencia que había tenido con un acosador callejero. A las pocas horas, solamente en su Muro, 25 mujeres habían contado experiencias similares con el mismo sujeto.

En el escrache de Facebook, se publicó la foto del supuesto agresor.

Así lo contó: “Hoy alrededor de las 11:20 horas un señor mayor de edad me cerró el camino y me quiso obligar a que me suba a su auto, entre la calle Reconquista y Culmey que va al cementerio. Le grité y corrí. Me acordé que podía tomar una foto para poder denunciarlo pero se perdió apenas pudo. Por favor tener cuidado con las niñas que por la misma calle van solas a la escuela. A mí no me pasó nada grave pero se pueden prevenir”, advirtió la joven.
En las pocas horas la publicación se viralizó y solamente en su Muro, al menos 25 mujeres describieron que les había pasado algo similar con el mismo sujeto.
Entre todas fueron aportando datos que finalmente dieron un detalle minucioso de su identidad, donde su nombre fue la información menor. Las mismas mujeres se ocuparon de hacer justicia por mano propia al aportar toda la información sobre Juan Carlos k. desde su camionero blanca Fiat Strada doble cabina, número de chapa patente, dirección de residencia, ocupación, familiares, foto de su rostro y cuenta de Facebook, todo fue publicado y todos los testimonios de las mujeres coincidieron en que es el sujeto que las había acosado.

Este sería el modelo y color del vehículo.

Otra joven, así describió su experiencia: “Una vez cerca de la terminal también me siguió, es un baboso y desubicado me dijo un montón de cosas y quería que me suba a la camioneta para acercarme. Le dije que no pero insistió y me persiguió por la avenida 9 de Julio hasta que le dije que iba a gritar y cagarle a piedrazos”.
Las otras experiencias contadas son similares a las dos detalladas pero lo vivieron mujeres de distintas edades en distintas zonas de la ciudad. También algunos hombres hablaron por sus familiares mujeres, como uno del barrio Santa Rita, dijo que ese mismo hombre acosó a sus hijas.
Algunas  de las que describieron su experiencia aseguraron que realzarían la denuncia en la policía para intentar prevenir que suceda algo más grave.

Choferes de Río Uruguay denunciaron incumplimiento laboral

PUERTO IGUAZÚ. Un grupo de choferes de la empresa de transporte Río Uruguay que trabajan en las líneas urbanas, Cataratas e internacional de esta ciudad, realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo y Empleo, por una serie de incumplimientos en los convenios laborales por parte de la empresa.

Uno de ellos es José Alberto De Olivera Flores quien rubrica la nota que refiere una situación que si bien no es nueva; los trabajadores no suelen animarse a denunciar porque temen perder su trabajo: "Somos unos 40 choferes pero apenas 18 decidieron firmar el pedido que hicimos a la empresa, y al Ministerio de Trabajo, porque el gerente nos amenaza que nos va a echar”, expresó.
Según relatan los trabajadores, el gerente Cristian Leal no solamente amedrenta a sus empleados, sino que también tendría antecedentes de agresiones y falta de respeto, razón por la cual algunos habrían realizado exposiciones policiales.
"Nos exigen trabajar 20 días sin francos, de 14 o 16 horas y sin que nos paguen horas extras, no tenemos tiempo para comer, entonces almorzamos sobre el volante, no se respetan las vacaciones, ni la ropa que deben entregarnos dos veces al año, y apenas nos dan una remera una sola vez", manifestó Flores.

"A veces por el cansancio el cuerpo no responde para manejar"
Otros trabajadores sostienen que la misma situación viven los choferes de larga distancia. "Cumplen muchas más horas de las que corresponde, y si no se duermen es gracias a las hojas de coca que los mantiene despiertos; pero no están conscientes y por eso ocurren los accidentes. Acá también puede pasar un accidente si no se hace algo, porque el cuerpo se cansa, y a veces ya no te responde. Tenemos compañeros que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche”, manifestaron.
Ambas partes se encuentran en un cuarto intermedio en el diálogo pedido por la empresa; pero el 26 de abril es la próxima audiencia donde los choferes esperan llegar a un acuerdo justo para todos los trabajadores.
Flores aclaró que no todos cumplen tareas en la Empresa Río Uruguay, algunos forman parte de otras más pequeñas que tienen las concesiones del servicio; pero que las marcas son propiedad de Río Uruguay.
Contó que según relatan algunos de sus compañeros, en la Empresa El Práctico SRL antes de que fuera comprada por Río Uruguay, había mejor trato por parte de los dueños hacia los empleados, por ejemplo más respeto que hoy se perdió. "Sin embargo hay compañeros que están en la empresa desde hace 30 años y no se los respeta laboralmente, ni a los antiguos ni a los nuevos", lamentó.

No se sienten respaldados
Además, los trabajadores se sienten huérfanos de representación gremial. "A nosotros no nos sorprendería que nos echen en
cualquier momento, porque no tenemos quién nos defienda".
Expresaron que el delegado de UTA, Andrés Gómez, también "nos advirtió que no hagamos nada porque nos van a dejar sin trabajo. No podemos contar con él porque está del lado de la empresa y no nos protege", aseguraron..
Los choferes van a esperar la audiencia, y si no reciben ninguna respuesta favorable, están pensando en realizar alguna una medida de fuerza, siempre con el objetivo de reclamar por sus derechos. Todos los trabajadores están asegurados en su condición laboral; aunque  afirman que esa no es razón para que no los despidan, por eso piden el respaldo de las autoridades de la provincia.

“En Posadas unas 15.000 personas ya perdieron su trabajo por las asimetrías”

Alerta por falso inspector de la Cooperativa de Luz que intenta entrar a los domicilios

PUERTO RICO. Vecinos de esta localidad lanzaron en sus redes sociales una alarma en horas de la mañana de hoy por la presencia de un sujeto que haciéndose pasar por un supuesto inspector de la Cooperativa Luz y Fuerza, solicitaba ingresar a la vivienda para realizar una inspección. Una de las víctimas fue una mujer anciana que le permitió pasar la reja para revisar el medidor, luego insistió en ingresar a la vivienda pero no se lo permitió.

Imagen ilustrativa tomada de internet.

Posteriormente el hombre se dirigió a un local comercial en el terreno lindante y consultó si allí vendían comida para perro, fingió realizar una anotación en una librete y se retiró. Fue la propietaria del local comercial quién llamó  a la policía y alertó a los vecinos.
“Hola, está dando vueltas el supuesto inspector de la Cooperativa de Luz, morocho, flaco, vestido con pantalón jean y camisa azul, zapatos marrones, con un portapales y birome en mano pidiendo entrar a ver el medidor. Entró al patio de mi vecina anciana pero ella no lo dejó entrar a la casa. Vino a mi negocio y preguntó si vendíamos alimento para perro, hizo como que anotó algo y se fue muy rápidamente por calle Catamarca hacia la avenida 9 de Julio mirando hacia atrás varias veces. Llamé a la policía y dijeron que iban a mandar al Comando. Avisen a sus conocidos ancianos, esto pasó hoy 10 de abril a las 8:40 a.m.”, detalló.
Poco después, la cooperativa Luz y Fuerza envió un comunicado a los medios locales aclarando que la institución no se encuentra realizando estas tareas y mucho menos en esta modalidad.
“La Cooperativa Luz y Fuerza de  Libertador General San Martín Limitada comunica a sus usuarios de Puerto Rico y áreas de prestación de servicios que la empresa no posee agentes específicos con función de Inspectores en la vía pública. En todos los casos, los agentes que realizan tareas en las áreas de Energía, Video Cable e Internet, se encuentran debidamente identificados con el logotipo de la institución, además poseen indumentaria de trabajo tipo grafa color beige, calzado de seguridad y otros elementos de seguridad, y se movilizan con vehículos claramente identificados.
El ingreso a la vivienda o propiedad por razones técnicas inherentes al servicio se realiza únicamente a solicitud y permiso del socio, y los agentes proceden a identificarse convenientemente e informan las tareas a realizar en el lugar.
En caso de advertirse la presencia de personas con actitud sospechosa solicitamos a los vecinos dar aviso inmediato a las respectivas dependencias de seguridad Policiales”, detalló el documento.

Sergio López

Respuesta favorable de la Justicia al reclamo por el tarifazo de luz

POSADAS. Este miércoles en conferencia de prensa, el Defensor del Pueblo, Alberto Penayo, acompañado por la ministra de Derechos Humanos, Lilia "Tiki" Marchesini y los diputados Martín Sereno, del Partido Agrario y Social y Roque Gervasoni (FR), destacó el valor de la resolución de la Justicia Federal sobre la presentación del recurso de amparo, y la cautelar contra el aumento de la energía eléctrica dispuesto por la Nación que afecta a Posadas, realizada junto con otros organismos provinciales, referentes políticos y organizaciones sociales que integran la Mesa Interinstitucional del Diálogo y el Consenso, creada a principios de este año.

"Consideramos que la decisión de la Justicia es un avance, y es el primer caso que se produce en la Nación. Ya nos notificaron los Defensores del Pueblo del país que ahora trabajan en base a este texto”, aseguró Penayo.
El amparo resuelto por el Juzgado Federal de Primera Instancia, a cargo del juez José Luis Casals, quedó inscripto en el Registro Nacional de Reclamos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconociendo la legitimidad de la Defensoría del Pueblo de Posadas. Por esa razón, el fallo que tome la Corte solamente se aplicará a Posadas, aunque la  intención de la Mesa Interinstitucional es buscar un mecanismo para que abarque a toda la provincia.

La Mesa es una herramienta del pueblo
Mientras que el diputado Martín Sereno celebró la resolución como "una herramienta de la Mesa Interinstitucional para la defensa de los derechos del pueblo". En ese sentido adelantó que seguirán trabajando para representar el reclamo de toda la provincia porque "todos los misioneros sufrieron el impacto del tarifazo".
Recordó que desde la Mesa se logró el retroceso del VAD (Valor Agregado de Distribución) y la refacturación, y como herramienta del pueblo "demostramos que estábamos impulsando una causa verdadera, razonable y legítima, y por eso ahora la Justicia nos está dando la razón".
Con respecto a que el beneficio pueda llegar a toda la provincia, el legislador del PAyS pidió esperar, porque esto fue elevado a la Suprema Corte de Justicia, "y habrá que ver de qué manera se puede ampliar a la provincia. Por ahora se remite solo a Posadas, pero tendremos que encontrar el ámbito legal y jurídico para que se amplíe en todo Misiones"
Después, ya sentado este precedente, "ver la manera de determinar la tarifa diferenciada para nuestra provincia. Tenemos que buscar un método, una metodología que apunte a fijar una tarifa diferencial permanente y no tener que andar recurriendo a la Justicia", dijo Sereno.

Cuatro puntos
El reclamo colectivo admitido por el Juez José Casals consta de cuatro puntos: El reconocimiento de la legitimidad de la Defensoría del Pueblo de Posadas; la solicitud de que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución 1091/2017 (que estableció los aumentos); la provisión de información clara y veraz a los usuarios para realizar una audiencia pública para el aumento en Posadas, y que se ordene al Estado Nacional establecer un valor de energía eléctrica diferencial para la capital provincial.
Queda pendiente que la Corte defina para Posadas, y ese fallo sería un antecedente a replicar en las otras ciudades que realicen la misma presentación.
Penayo dejó claro que su Defensoría litigió contra el Estado Nacional, el Ministerio de Energía de la Nación y CAMMESA que es la Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. "Estamos pidiendo que se declare la inconstitucionalidad ya que de Misiones no participó nadie en la audiencia pública para fijar esta tarifa. Queremos tener información clara de cómo surgen estos valores porque los misioneros no tenemos gas, por lo tanto somos una provincia electrodependiente y estamos muy restringidos”, manifestó.
El Defensor consideró que éste es un primer gran paso contra la confiscación. "Porque hay que olvidar que en Misiones tenemos un promedio salarial de 12 mil pesos, y una factura de luz de 2.600 o 3.000 pesos es prácticamente una confiscación".

Tarifa diferencial para Misiones
El diputado renovador indicó que en la reunión que se desarrollará este jueves en Puerto Iguazú, el Gobernador junto a sus pares, le pedirá al presidente Mauricio Macri que defina una tarifa diferenciada para el NEA y que mantenga los subsidios hasta el 2023, beneficio que la Presidencia otorgó a las provincias de la Patagonia para el consumo de gas.
También informó que en la Legislatura se trabaja en un Proyecto de Ley para implementar una tarifa diferenciada para la provincia, y adelantó que los legisladores nacionales por la provincia buscan que se logre esa tarifa para el NEA hasta el 2023.
Además, Penayo explicó que se solicitó apoyo al Gobierno nacional para financiar un proyecto elaborado por el ministro de Energía, Sergio Lanziani, que busca mejorar toda la red de distribución de la provincia y transparentar los costos en la factura, para que los usuarios puedan leer y comprender su consumo y el importe a pagar.

Prensa PAyS

Familias reclaman agua potable y regularización de tierras

SAN PEDRO. Una de las picadas de Colonia Paraíso es Pedregullo, donde su nombre remonta al estado de los caminos lleno de piedras, pedregullos que lo hacen intransitable. En ese lugar recóndito del municipio de San Pedro vive la productora agrícola Norma Beatriz Rumble, que junto con otros vecinos -viven 21 familias- decidieron reunirse con el diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), para plantear la situación preocupante de falta de regularización de la tierra, problemas de tierra, luz, agua potable, educación, con una sola docente en un turno para más de 40 alumnos en el aula satélite.

"Uno de los grandes problemas es la necesidad de tener los títulos de propiedad, somos familias que vivimos desde hace 10, 15, 18 años y todavía es una gran inestabilidad. Ni siquiera podemos hacer un monotributo porque lo primero que piden son los papeles de los terrenos. Lo mismo si queremos hacer un proyecto de huertas, o anotarnos en el plan ganadero, necesitamos el papel de la tierra para poder seguir produciendo y tratar de sacar la familia adelante", reclamaron los vecinos.

Entre todos construyen la escuela
Con respecto a la educación, las madres explican que también para erradicar el aula satélite y tener construir una escuelita de material, se requiere la documentación de la tierra.
Una de las madres cuenta que una Fundación de Buenos Aires, donó un terreno para la construcción de la escuela, entre todos los vecinos se pusieron de acuerdo para hacer una de material, y casi perdemos esa oportunidad por falta de papeles del terreno donde está asentado el aula satélite. Felizmente lo pudimos solucionar temporariamente porque no daba para más, es una escuela rancho que se cae a pedazos", dijo.
Norma ni siquiera puede cambiar la titularidad de la luz. "Lo peor es que el municipio de San Pedro no se hace cargo, nos dicen que nuestra picada pertenece a El Soberbio o a San Vicente y al final no sabemos a quien recurrir, nos tienen de acá para allá pero no nos dan soluciones, y así mucha gente termina abandonando las chacras, porque al tener problemas con la luz, el agua potable y los caminos, es imposible vivir. La escuelita se sostiene llevando agua con una bomba de mi casa; por eso pedimos a las autoridades de la municipalidad que procuren hacer un pozo perforado", reclamó.

Necesidad de caminos
En la Picada Pedregullo hay familias con muchos chicos y resulta muy difícil vivir sin agua, y con electricidad precaria. Los vecinos manifestaron que si los gobernantes se preocuparan un poquito más por la colonia, habría menos pobreza en las ciudades.
"En mi caso y el de mi familia, vivimos de la producción tabaco porque es lo único que nos da la plata del retorno, y la caja verde; pero si tuviéramos una manera de salir al pueblo a vender los productos de la chacra, sería redituable porque hay bastante producción en las huertas; pero es imposible transitar estos caminos, hay que contar con un buen vehículo y los productores no tenemos, pero si pudiéramos salir a vender los alimentos de las chacras sería un buen  ingreso para nuestros hijos", reflexionó.
Las 21 familias coinciden en el reclamo de legalizar las tierras, "es algo que nos conviene a todos. Yo tengo un nieto de un mes de vida; si lo sacamos de acá ¿dónde va a crecer? Porque no hay otro lugar como la chacra para crecer con más coraje para enfrentar la vida que viene, porque esto no termine acá. Creo que la crisis recién está viniendo con recortes de acá y de allá, como pasó con mi abuela Macorina a la que le cortaron la jubilación y el Pami", lamenta.

Escuela deteriorada
Norma relata que si no fuera por los padres, nadie se ocuparía de la escuela. Ellos hacen la limpieza  porque la Municipalidad ni siquiera desmaleza el predio. "Y en este lugar hay un montón de bichos que pican a los chicos, están dentro del grado, atrás del pizarrón. La colonia está bastante abandonada.

"Ahora estamos peleando por el pozo perforado, el arreglo de los caminos, los papeles para las tierras para que podamos seguir creciendo dignamente en la chacra, porque en el pueblo es peor. Nosotros, con mi familia vivimos en el pueblo. Las cosas son más caras, por ejemplo yo tengo una pensión de 4200 pesos y con eso tengo que comprar los medicamentos para la abuela, las mercaderías; tengo dos hijos, somos cuatro en la casa y la plata no alcanza. Por suerte acá carneamos un pollo hacemos un rico guiso, hago porotos, hiervo zapallos, cocino un reviro; es todo cuestión de ingeniarse. La vaca que tenemos da leche, y además puedo hacer el queso y la ricota, preparar un dulce de leche, la chacra da varias alternativas", dice.

"Es cuestión de ingeniarnos"
Norma cuenta que se levanta temprano y se ocupa e ordeñar haga frío o calor. "A veces tengo que ir hasta el pueblo a hacer trámites; pero si hay humedad en el ambiente, "con mi marido nos dedicamos a preparar tabaco, porque después viene una sequía y ya no podemos. Es cuestión de ingeniarnos; pero en la chacra una familia puede sobrevivir mejor que en la ciudad, por ejemplo el maíz para las gallinas no lo compramos, lo plantamos. Una es su propia patrona, pero hay que saber manejarse y enseñar a los hijos, principalmente a ser educados, trabajadores, que aprendan a ser personas honestas", afirma.

"Contamos con tierra fértil"
Los vecinos opinan que si el Gobierno se preocupara un poco por las gente del campo, del interior y lograran el papel de las tierras, podrían armar un proyecto y seguir avanzando.
"Mis hijos viven en los alrededores; los varones son hombres grandes ya, después tengo una hija que también está en la chacra con su bebé. Si ella logra los papeles de su tierra, podrá pensar en un proyecto de huerta, plantar verduras que en el pueblo tienen mucha salida; pero sin papeles no hay posibilidades.
Con mi marido queremos hacer un invernáculo; pero significa mucho esfuerzo, tener que entregar el tabaco y en vez de comprar una muda de ropa a mis hijos más chicos, tendremos que invertir en un invernáculo. Contamos con tierra fértil, no es necesario andar poniendo abonos, químicos ni nada; el gran problema que sufrimos es la falta de caminos transitables para sacar los productos al pueblo y la documentación para regularizar las tierras", insiste la agricultora.

Prensa PAyS