En los últimos días, diferentes versiones han circulado
sobre la tala rasa de Selva Paranaense en pleno Corredor Verde, en el
departamento Manuel Belgrano. Para no dejar lugar a confusiones: no sólo se
trató de un desmonte no autorizado sino que es fundamental que se cumpla con lo
estipulado en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de
los Bosques Nativos en cuanto a medidas de remediación y restauración, y la
incorporación de los responsables (propietarios y profesionales actuantes si
los hubiera), al registro nacional de
infractores.
Tal como fuera publicado en el medio "El
Paranaense", al ser alertados sobre la temática, desde Vida Silvestre
solicitamos información, a las Subsecretarías de Ecología y de Ordenamiento
Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables
(MEyRNR), sobre la situación legal de un desmonte en proximidad del Parque Provincial Urugua-í. Previo a la respuesta oficial y, por
comunicaciones extraoficiales con funcionarios del MEyRNR que no pertenecen a
las áreas correspondientes a las autorizaciones de cambio de uso del suelo, se
sospechaba que ese desmonte contaba con autorización.
Dos días después, recibimos comunicación oficial de las
carteras ministeriales correspondientes sobre la situación de cambio de uso del
suelo sobre una parcela privada de 177ha. A partir de la misma, podemos afirmar
que éste desmonte no cuenta con autorización vigente, plan de aprovechamiento
ni estudio de impacto ambiental. En dicha respuesta se nos informó además sobre
la realización de una inspección en la zona, fechada el 11 de enero de 2017, en
la que se determinó la suspensión de cualquier actividad que comprometa al
bosque nativo de la zona. Dichas actuaciones dieron origen al sumario ambiental
correspondiente para determinar las responsabilidades y las sanciones para los
autores del desmonte, realizándose acciones de gabinete y a campo por parte de
un equipo multidisciplinario para determinar y cuantificar la magnitud del daño
ambiental ocasionado.
Casos como este nos demuestran la necesidad de acompañar al
MEyRNR en la implementación de medidas de control y fiscalización. Desde Vida
Silvestre buscamos colaborar en el proceso de evaluación del daño ecológico,
del diseño de las medidas de remediación y restauración que eventualmente
resultaran pertinentes al momento de determinar las sanciones correspondientes
y en la comunicación de la resolución ejemplar con el fin de disuadir a
posibles futuros infractores.
En este mismo sentido, solicitamos que, en cumplimiento de
la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques
Nativos, los responsables (propietarios y profesionales actuantes si los
hubiera), del desmonte ilegal sean incorporados al registro nacional de
infractores.
Por último, desde Vida Silvestre lamentamos la reproducción
extemporánea de la nota ofrecida al medio digital “El Paranaense”. Esta
situación pudo haber dado lugar a confusiones al no incorporar la nueva información que nuestra institución había
recibido de la Autoridad de Aplicación Provincial.
Un desmonte de tal superficie y en pleno corredor verde solo se puede hacer en complicidad con alguien del ministerio de ecología. Que el ministro investigue como se debe, y expulse al/a los cómplices. La selva ahí tardará 50 años en reaparecer. Es un gran daño el realizado. Los responsables, funcionarios y privados DEBEN pagar.
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