miércoles, 22 de agosto de 2018

Estudio explica cómo el gobierno traslada los subsidios de las familias a las empresas

BUENOS AIRES. En el marco del “Civil 20”, cumbre de las Organizaciones de la Sociedad Civil de los países miembros del G20 desarrollada los días 6 y 7 de agosto en el Palacio San Martín de la Cancillería Nacional, la “Fundación Ambiente y Recursos Naturales”, realizó la presentación de un trabajo de investigación sobre los subsidios que el Estado Argentino destina a la producción de los combustibles fósiles.
Del informe se destaca no solamente que son pocos los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional en la disminución de los subsidios al sector, sino principalmente la trasferencia de recursos que hasta ahora eran destinados a los consumidores, a las empresas productoras.
“En el contexto internacional en el que se debate el tema de los subsidios a los combustibles fósiles y se propone eliminarlos como una medida para evitar llegar a un incremento de la temperatura global de 2Cº, impera la necesidad de que los países revisen sus esquemas de promoción a las actividades vinculadas a los hidrocarburos. Si bien la premisa es destinar menores fondos de estos subsidios y el gobierno lo está haciendo, el recorte comenzó por parte de los consumidores, manteniendo el financiamiento a empresas petroleras y gasíferas”, expresa el documento recientemente publicado.
El trabajo apunta a analizar cuánto dinero público se destina a la cadena de valor de los combustibles fósiles a través de subsidios, teniendo en cuenta cómo se compone la cadena de valor, los actores más beneficiados, los programas y normativas que existen para incentivar la producción y cómo se caracterizan esos subsidios.
Los resultado fueron presentados en el C20 por la directora del área de investigación de la Fundación, María Marta Di Paola, quién manifestó la preocupación de la organización por los recursos públicos que el gobierno está transfiriendo de las familias a las empresas productoras: “Nuestro trabajo lo que busca es hacer un análisis de cuáles son los subsidios a los combustibles fósiles que están en nuestra economía, el estudio analiza los presupuestos ya ejecutados de 2016 y 2017, y el actual en ejecución. Lo primero que destaca el estudio es una reducción en los subsidios pero lo que más nos llamó la atención fue el traspaso de los subsidios antes destinados al consumidor, ahora destinados a la producción; por lo que creemos que parte de las modificaciones en los valores de las tarifas se destinan a las empresas productoras.
El  porcentaje se va achicando, en 2017 era el 5,5 % del presupuesto que se destinó a subsidios, en tanto en 2018 del 3,1, lo que claramente indica una tendencia decreciente, pero el sector que más decrece es el sector destinado al consumo y no tanto los subsidios a la producción”, expresó.
Un claro ejemplo de esto es el Fondo Fiduciario a los Consumos Residenciales, que en 2016 se destinó en un 98% a los consumidores, en tanto en 2017 se destinó el 94% de esos recursos a financiar a los productores de gas licuado de petroleo,  desnudando un claro ejemplo de cambio de destino de los subsidios.
Según los datos revelados, en 2017 el 90% de la partida presupuestaria correspondieron a subsidios para la generación de energía a través del carbón, petroleo, gas y grandes hidroeléctricas y nucleares. Con el mismo monto, se podrían haber construido 300 escuelas, 9 hospitales o pagar el salario de 100.000 docentes por un año.
Para los investigadores de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, lo que está ocurriendo es un proceso de incremento de tarifas que se traducen en una transferencia de los consumidores a los productores, para mantener un esquema de inversión que se ha mostrado poco eficiente en la generación de nuevas inversiones y  mano de obra.
“Lo que nosotros identificamos y nos preocupa son estos fondos, 1.400 millones de dolares en 2017 a las empresas privadas y no hemos encontrado una relación ni incremento en la producción ni en la generación de empleo en un contexto de crisis y déficit financiero es ilógico que se destine tanto presupuesto nacional para financiar a las petroleras”, dijo Di Paola.
A partir del año 2009, los países del G20 debaten el tema de los subsidios a los combustibles fósiles, al respecto, en la declaración de Pittsburgh, los jefes de estado se comprometieron a retirar y racionalizar paulatinamente en el mediano plazo los ineficientes subsidios, a tiempo de también proporcionar mayor apoyo a los más necesitados: “los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes y fomentan el despilfarro, distorsionan los mercados, reducen la seguridad energética, impide la inversión en fuentes de energía limpia y socaban los esfuerzos para hacer frente a la amenaza del cambio climático”, expresa el documento internacional.
El informe nacional destaca que durante 2016 y 2017, fueron 41 empresas las destinatarias de todos los fondos, destacándose 16 de ellas que se hicieron con el 97% de los mismos. De esas empresas, entre YPF y Pan Américan Energy recibieron el 71% de los fondos vinculados a la exploración de gas y petroleo. En este aspecto se destaca además que, si bien YPF es una empresa estatal, tiene numerosos convenios con empresas petroleras internacionales que no figuran en la lista, como Chevron y Dow, beneficiadas con estos recursos que se canalizan por la empresa estatal.
Uno de los datos más marcados de la trasferencia de fondos arroja los números del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petroleo (Ley 26.020), que en 2016 destinó a titulares de hogares de bajos recursos para gas en garrafas en zonas no abastecidas por redes, 301 millones de dólares, en tanto para las empresas productoras solamente 4 millones. En 2017 en cambio, se destinó para las familias solamente 15 millones de dolares, en tanto para las empresas 281 millones.
Finalmente, consultada por PRIMERA EDICIÓN, Di Paola dijo que este estudio seguirá investigando lo ejecutado en 2018 y presupuestado para 2019, pues los datos son de suma relevancia para entender a dónde y cómo se invierten estos fondos públicos, “porque tenemos provincias como Misiones, por ejemplo, donde no llega el gas por red y las familias deben pagar hasta cinco veces más que en otras zonas del país donde sí existe el gas por red, por razones como estas es que los fondos vinculados al consumo se deben mantener para que las personas que no tienen acceso a la red puedan tener  gas y energía a un precio más acorde a lo que paga el resto del país”, dijo.

Nota y fotos: Sergio López para PRIMERA EDICIÓN

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